Tras la toma de posesión de Joe Biden, se expidió el documento presidencial Decreto 13990 del 20 de enero de 2021 “Proteger la salud pública y el medio ambiente y restaurar la ciencia para afrontar la crisis climática”.  En ella se determinó que su administración estará enmarcada en mejorar la salud pública, el medio ambiente y en reforzar el pie de fuerza para resistir los impactos del cambio climático.

En materia de energía y gas, propuso revisar los documentos sobre emisiones de metano en el sector del petróleo y gas natural, los estándares de economía de combustible que generen empleo, las reglas para los vehículos de bajo consumo de combustible, los programas de conservación de energía para electrodomésticos, las normas de conservación de energía nueva y revisada, el mejoramiento de la eficiencia energética del Código Internacional de conservación de la energía y los generadores de vapor de utilidades eléctricas de carbón y aceite.

Propone crear nuevos reglamentos que establezcan normas para las emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles que surgen de las operaciones propias del sector petrolero y gasífero, incluyendo los procesos de exploración, producción, transmisión, procesamiento y almacenamiento; un plan federal para la implementación de aquellas conclusiones que surgieron de la revisión del plan de implementación estatal, a las directrices de control en la industria de petróleo y gas natural; una moratoria temporal en la aplicación federal del programa de arrendamiento de petróleo y gas para evaluar los impactos ambientales del mismo; la captación de los costos sociales de las emisiones de gases efecto invernadero, de manera precisa, para tomar las mejores decisiones respecto el impacto que estos tienen sobre la productividad agrícola, la salud y los servicios del ecosistema, y así medir el costo-beneficio de reducir estas emisiones; la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para que midan el costo social de estas emisiones, emitan las órdenes correspondientes y proporcionen recomendaciones en materia económica y científica.

Revocó los permisos, que el gobierno anterior, había dado para el mantenimiento y operación de las instalaciones del oleoducto de la frontera internacional con Canadá “oleoducto keystone xl”, ya que aquella no proporcionaba interés alguno en el mantenimiento de la seguridad energética y económica del país, ni permitía combatir el cambio climático, ni el tránsito a economías de energías más limpias que proporciones mayores y mejores empleos. Además de los decretos de revisiones y aprobaciones ambientales para proyectos de infraestructura.

Recientemente, los medios de comunicación informaron que se suscribieron diferentes órdenes ejecutivas que buscan suspender nuevas perforaciones de hidrocarburos en territorios federales, con el fin de congelar los arrendamientos de petróleo y gas y duplicar las energía eólica marina. Esta iniciativa incluye la de revisar la manera cómo se están otorgando los permisos en el sector energético y las concesiones de combustibles fósiles, además la necesidad de eliminar los apoyos económicos a las grandes petroleras. Con lo anterior pretende lograr que el sector energético quede libre de contaminación de carbono para el 2035 y que la economía del país tenga cero emisiones netas para el 2050.

Estas acciones se han considerado contradictorias, por la industria de combustibles fósiles de ese país, por ello Biden puntualizó que en su gobierno no se prohibirá el fracking, pero aumentarán los controles y estándares a las filtraciones de metano, porque es consciente que la fracturación hidráulica, para la extracción de gas natural, es utilizada ampliamente en estados como Pensilvania.

Finalmente anunció la realización de la cumbre del medioambiente, el 22 de abril de este año, en la que comunicará que el país volverá a unir sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, y su reintegración al Acuerdo del Clima de París, de cual se había decidido apartar la administración anterior.

Luisa Moreno

Asociada de OGE Legal Services

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