La ciberseguridad es aquel método de gestión de riesgos y acciones tecnológicas que defienden a los dispositivos de sistemas electrónicos y redes de ataques o infiltraciones no autorizadas. Cabe aclarar que la ciberseguridad es diferente del concepto de seguridad de la información, ya que aquella se encarga de manera específica de proteger la información digital que se transmite en sistemas interconectados, mientras que esta última tiene un alcance más general de protección de todos los riesgos que pueden afectar a la información.

Los componentes básicos para la implementación de un sistema de ciberseguridad deben contener los siguientes elementos: (i) legislación vigente, (ii) unidades establecidas, (iii) marco de cooperación y (iv) resultados.

A partir de la legislación vigente, el sector energético del país ha querido implementar el concepto de redes eléctricas inteligentes o Smart Grids, que consiste en la generación de energía eléctrica de forma distribuida, es decir, que las comunicaciones ya no se generarán de manera unidireccional, sino bidireccional entre la generación, la distribución y el consumo, permitiendo que el monitoreo y el restablecimiento del suministro de energía se haga de manera remota y automatizada, para así detectar fallas en el sistema, redes fraudulentas, evitar pérdidas de energía e incluir medios de renovables de generación; en resumen la implementación de esta tecnología permitiría “almacenar, procesar y comunicar información del consumo en tiempo real”.

Sin embargo todos estos beneficios comportan a su vez riesgos, específicamente en temas relacionados con la información que estas redes interconectadas manejen, ya que la red eléctrica inteligente se convertiría en una fuente de información del sistema eléctrico del país (que integraría a distribuidores, comercializadores, generadores, fabricantes de tecnología y usuarios), susceptible de ataques o infiltraciones de cualquier tipo, como la recolección de datos del sector para beneficios económicos, la alteración de los datos de consumo o hasta generar cortes eléctricos a un individuo o grupo específico.

En consecuencia, para implementar este sistema se requiere estructurar una base de protección flexible que permita crear canales de comunicación entre los participantes, incorporar a profesionales en ciberseguridad y generar capacitaciones de uso seguro de la información.

Es así como el Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución 40072 del 29 de enero de 2018, que estable lo mecanismos de implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada — AMI en sus siglas en inglés — en el cual se pretende integrar al sector estas redes inteligentes de energía, con el fin de reducir los costos, mejorar la calidad de la prestación del servicio y permitirle a los usuarios acceder a toda su información de consumo y pagos por medio de plataformas virtuales habilitadas. En atención a lo anterior, la CREG expide la Resolución 131 de 2020 que fijas las condiciones en que ha de implementar estas redes en el SIN; establece será la GIDI — empresa se servicios públicos domiciliarios encargada de realizar las funciones de gestión independiente de datos e información — y el Operado de Red (OR) quienes creen el sistema de ciberseguridad que proteja los datos que se usen en la red con base en la normatividad vigente, leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 como las normas generales sobre habeas data, manejo de información en datos personales y la protección de datos, además serán ellos quienes informen a los usuarios y/o suscriptores de todo lo relacionado con la recolección, circulación o supresión de los datos que suministren y quienes podrán solicitar las correspondiente autorizaciones cuando se requiera usar la información para fines distintos a la prestación del servicio de energía eléctrica.

Luisa Moreno Guerrero

Abogada asociada en OGE Legal Services

 

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