La Ley 2045 de 2020 establece como obligación contractual que en los contratos de concesión calificados como de gran minería y en los contratos de exploración y producción de hidrocarburos (E&P) en etapa de producción celebrados y perfeccionados a partir del año 2021; se tenga como prioridad las inversiones en servicios públicos domiciliarios; esto es en la construcción, optimización, repotenciación y mejoramiento de las redes para las comunidades que  se encuentren en el área de interés del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC), definida de conformidad con los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en los Planes de Gestión Social (PGS) de los contratos de concesión de gran minería para las comunidades que se encuentren en la zona de influencia del proyecto minero. 

Para los contratistas o titulares mineros que hayan celebrado contratos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en comento, tal priorización es facultativa. 

Se resalta en la Ley la significativa participación de la comunidad quienes pueden priorizar el o los proyectos en aquellas poblaciones donde no cuenten con la prestación de todos los servicios públicos domiciliarios. Ahora bien para los contratos E&P en aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en el área de interés del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) cuenten con la prestación de todos sus servicios públicos domiciliarios, los Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) podrán ser direccionados en inversiones priorizadas según lo determinado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos bajo consulta a los municipios y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En lo que tiene que ver con contratos de concesión calificados como de gran minería, en aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en la zona de influencia cuenten con la prestación de todos los servicios públicos domiciliarios, los Planes de Gestión Social serán direccionados de acuerdo con los términos de referencia previamente establecidos por la Autoridad Minera. 

 Se debe tener presente por parte del contratista y del titular minero que las inversiones que se realicen en los Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) y en los Planes de Gestión Social en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, deben contemplar los costos y cargos de conexión para la entrada en operación del respectivo servicio público domiciliario. 

 Por otro lado, es de suma importancia destacar la mención de energías renovables alternativas para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, haciendo especial énfasis en energía para la cocción de alimentos y distribución, purificación y tratamiento de aguas. Con esto la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) recibe otro espaldarazo legislativo al ser inversiones que tienen el carácter de prioritarias. 

Sin duda con la presente Ley se viabilizarán proyectos para la masificación por ejemplo del gas natural como servicio público domiciliario, donde los entes territoriales y por supuesto la empresa privada a través de las empresas prestadoras de servicios públicos (ESP), especialmente las distribuidoras-comercializadoras, tendrán una participación importante a través de la cofinanciación además de ser necesarias para la materialización de este tipo de proyectos donde se fomenta la construcción de nuevas redes de infraestructura para llegar a más usuarios y posteriormente para la prestación del servicio de manera confiable y segura como lo manda la Ley de servicios públicos domiciliarios, 142 de 1994. Se debe estar atento a la manera cómo el Gobierno Nacional reglamentará la forma de hacer realidad la obligación que hoy a través de la Ley en comento se radica en cabeza de los contratistas y titulares mineros, en virtud de Contratos E&P y Contratos de Concesión calificados como de gran minería.  

Silvia Vargas Ortega

silvia.vargas@oilgasenergy.co

Socia de OGE Legal Services

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