La Corte Constitucional a través de la sentencia 484-2020 del 19 de noviembre de 2020, resolvió demanda presentad en contra del artículo 18 de la Ley 1955 de 2020; el cual modificó el artículo 85 de la ley 142 de 1994, que trata sobre la contribución que se paga a la CREG y a la SSPD.

La Corte considera que la norma demandada desconoce el contenido y el alcance de los principios de legalidad y certeza tributaria. Para la Sala es claro que el inciso segundo del art. 338 superior únicamente permite que las tasas y contribuciones especiales puedan destinarse a la recuperación de los costos en los que incurran las entidades que prestan un servicio público inherente al Estado o la participación en los beneficios que se les proporcionen, y no para el financiamiento de todos los gastos de funcionamiento e inversión de las mismas. Por ende, la norma demandada es incompatible con el artículo 338 superior.

En cuanto a los elementos especiales del tributo, la Corte señaló:

  1. Sujeto activo y finalidad de la norma demandada. La Corte concluyó que la norma debió discriminar de forma clara y precisa cuáles gastos de funcionamiento e inversión serían financiados por los contribuyentes, estableciendo una relación directa, clara y precisa con el costo de prestación del servicio divisible.
  2. Hecho generador: la indeterminación del monto o los conceptos que se buscan recuperar con la norma demandada, resulta insuperable frente a la regla del artículo 338 superior, respecto de la limitación a la recuperación de los costos derivados de la prestación del servicio.
  3. Base gravable: la tasa contributiva debe estar dirigida a recuperar únicamente los costos en los que las entidades reguladoras o de inspección vigilancia y control hayan incurrido para prestar el servicio público. Esto, independientemente de la base gravable por la cual opte el Legislador. Ante este desconocimiento, la disposición demandada viola lo dispuesto en el artículo 338 superior, al establecer una base gravable que no corresponde a los costos en los que estos hubiesen incurrido para prestar dicho servicio público divisible.
  4. Tarifa: La norma demandada incluye ciertas fórmulas para el cálculo de la base gravable y la tarifa. Sin embargo, puede considerarse que las mismas se ven afectadas por la violación transversal de la norma demandada, a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 338 superior.

Conclusiones del fallo de la Corte

  • Sobre los cargos admitidos, la Sala resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-464 de 2020, respecto de los cargos formulados contra (i) el numeral 4º (parcial) del artículo demandado; y (ii) la vulneración del principio de unidad de materia (artículo 158 de la Carta Política). Respecto de dichos reproches de constitucionalidad, la Sala Plena encontró acreditada la existencia de la cosa juzgada formal.
  • El artículo demandado desconoció los principios de legalidad y certeza del tributo, en la medida en que el Legislador no cumplió con la finalidad prevista en el artículo 338 superior.
  • La Corte pudo constatar una violación a la reserva de Ley en cabeza del Congreso de la República, en tanto que el artículo demandado abre espacio a una reglamentación por parte del Gobierno nacional para determinar elementos esenciales de la tasa contributiva. Asimismo, desconoce los límites impuestos al Ejecutivo para determinar temas procedimentales y sancionatorios, en tanto la norma demandada afecta derechos fundamentales de los contribuyentes.
  • La Corte se encuentra habilitada para retirar la norma del ordenamiento jurídico de forma inmediata sin necesidad de modular sus efectos, al no encontrarse en el marco de los supuestos que conllevan a la necesidad de diferirlos en el tiempo.
  • Los tributos causados en la anualidad 2020 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas.
  • Los efectos hacia futuro de esta decisión de inexequibilidad, cubren las situaciones jurídicas consolidadas en el año 2020, incluidos aquellos tributos que se sirvan de los elementos establecidos por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para el año 2020.
  • Los sujetos activos del tributo (la CREG y la SSPD) no se encuentran en un escenario incierto, ya que, ante la declaratoria de inexequibilidad de la modificación de la norma, se impone la consecuencia lógica de la plena vigencia del contenido normativo original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
  • Dada la consolidada jurisprudencia relacionada con la aplicación del artículo 338 de la Constitución Política, en esta oportunidad a diferencia de la Sentencia 464-2020, no se declara la inexequibilidad con efectos diferidos.

Silvia Vargas Ortega 

Socio de OGE Legal Services

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